web banner

Presidente,


Hacemos esta declaración en nombre de xx organizaciones y xx personas.
En la Declaración y Programa de Acción de Viena, los Estados reconocieron que los derechos de las mujeres son derechos humanos y que todos los derechos humanos son universales, indivisibles, interdependientes e interrelacionados. El derecho al desarrollo no es sólo económico; abarca dimensiones civiles, sociales, culturales y políticas e incluye los derechos de salud reproductiva para garantizar la justicia reproductiva para todos. El término justicia reproductiva fue acuñado por organizaciones feministas negras para abordar las violaciones de los derechos humanos con un enfoque interseccional centrado en los factores socioeconómicos subyacentes que afectan los derechos, las decisiones y las vidas de las personas.


La justicia reproductiva, incluido el derecho a acceder a un aborto legal y seguro, es crucial para hacer realidad el derecho a la salud, sin el cual no se puede hacer realidad el derecho al desarrollo.


Durante décadas, el capitalismo corporativo ha impulsado el desarrollo, equiparando el crecimiento con el progreso. Este modelo se beneficia de la guerra, la enfermedad y el consumo excesivo, favoreciendo la riqueza privada por sobre el bien público. Los gobiernos apoyan este sistema recortando el gasto público, privatizando servicios y desregulando industrias, lo que a menudo es una exigencia de las instituciones financieras internacionales y los estados del Norte global que las dominan. Esto desplaza la riqueza de los pobres a los ricos, lo que exacerba las crisis climáticas, la inseguridad alimentaria, la falta de viviendas asequibles, el desplazamiento y las desigualdades económicas que afectan desproporcionadamente a las mujeres y las comunidades marginadas del Sur Global. Además, esta guerra económica se lleva a cabo en nombre del desarrollo.


Los sistemas económicos y políticos influyen significativamente en el acceso al aborto. El limitado financiamiento de la atención sanitaria, las leyes restrictivas, la financiación restringida y las políticas neoliberales socavan la atención sanitaria pública y exacerban las desigualdades. Esto crea una situación en la que unos pocos privilegiados pueden sortear esas restricciones, mientras que las mujeres marginadas, las personas trans y no binarias quedan a merced de proveedores de servicios que no funcionan o son discriminatorios, o dependen de las ONG para llenar los vacíos de los sistemas públicos, lo que profundiza aún más las disparidades sociales y económicas. Esa estratificación también tiene el efecto de fragmentar los movimientos nacionales y locales en favor de los derechos y la justicia reproductiva.


Necesitamos un nuevo modelo de desarrollo sostenible que priorice el acceso igualitario y equitativo a todos los recursos para todos, y que valore a las personas por encima de las ganancias. Con motivo del Día Internacional del Aborto Seguro, hacemos un llamamiento a favor de un modelo de desarrollo feminista interseccional que centre las voces de las mujeres, las niñas y las personas de género diverso en la determinación de indicadores para medir el desarrollo global. Centrar la justicia reproductiva y la autonomía corporal para todas las personas es esencial para ese modelo de desarrollo; la capacidad de las personas marginadas de ejercer control sobre sus vidas reproductivas les permite participar plenamente en la vida social, cultural y política. El acceso universal al aborto seguro y legal es fundamental para ello.


Debemos implementar leyes y políticas que garanticen un acceso equitativo al aborto, fomentando una sociedad inclusiva, justa y desarrollada donde todas las personas puedan prosperar.
Gracias